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16/05/2004
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha anunciado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá el próximo 1 de julio un 6,6 por ciento, desde los 460,5 euros al mes hasta los 490, lo que, a juicio de Jesús Caldera, permitirá a sus perceptores recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde 1997.
Sin embargo, el ministro indicó que a partir de ahora el SMI se desvinculará
de todas las prestaciones públicas a las que iba ligado hasta ahora, salvo
las correspondientes al sistema de protección por desempleo, y será
sustituido por un indicador cuya cuantía se revisará anualmente en
la Ley de Presupuestos. A partir de la entrada en vigor del incremento del SMI,
el nuevo indicador, el IPREM (Indicador de Rentas Públicas con Efectos
Múltiples), establecerá su cuantía en 460 euros mensuales.
Hasta ahora, el SMI se utilizaba como sistema de medida en asuntos tan dispares
como la educación (becas), la vivienda (acceso a determinadas promociones
públicas) o las ayudas sociales. El actual sistema, que referencia el SMI
con las magnitudes que utiliza la Administración para fijar el tope de
muchas prestaciones, afecta a varios ministerios y a todas las administraciones
–central, autonómica, local– por lo que la desvinculación
del SMI como cifra de referencia plantea problemas técnicos considerables.
En cuanto a Seguridad Social, ratificó la voluntad del Gobierno de incrementar
durante la legislatura las pensiones mínimas un 26 por ciento. También
propuso reducir los regímenes de la Seguridad Social a dos –los de
los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena–, revisar las cotizaciones
sociales para que se acerquen a los ingresos reales, incentivar la prolongación
voluntaria de la vida laboral e impedir que las prejubilaciones de las empresas
con beneficios sean cargadas a la Seguridad Social.
Además, Caldera anunció que buscará el consenso y el acuerdo
de los agentes sociales, el Parlamento y las autonomías para llevar a cabo
una serie de reformas en materia laboral, de negociación colectiva y de
prestación social. Según dijo, el actual mercado laboral no es el
adecuado para avanzar en el objetivo de competitividad previsto, por lo que
defendió acabar con sus tres principales "disfuncionalidades": la excesiva
temporalidad, el bajo nivel de formación y la debilidad de las políticas
de empleo y de gestión.
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