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Inicio01/02/2004
En el BOE del pasado 31 de enero se publicó el Real Decreto 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Mediante esta nueva norma, las empresas que coincidan en un mismo centro de trabajo estarán obligadas a coordinar su actuación en materia de riesgos laborales.
Aumentar la seguridad
La nueva norma supone un avance fundamental para combatir la siniestralidad laboral y reducir los accidentes al aumentar la seguridad, cuando un empresario subcontrate con otras empresas la realización de obras o servicios en su centro de trabajo.
El sector de la construcción, donde hay más subcontratación, también mejora con el Real Decreto, pues, si bien seguirá rigiéndose por su propia normativa, los empresarios concurrentes en la obra tendrán que intercambiar información preventiva.
En el Real Decreto se distingue entre tres supuestos:
La norma pretende que el aumento de la seguridad vaya acompañado de flexibilidad, con el objetivo de lograr un mayor cumplimiento por parte de las empresas. Para ello se ofrece una serie de medios de coordinación que serán aplicados según el tamaño de la empresa y el grado de peligrosidad de las actividades que desarrolle.
Se contempla la figura del coordinador de actividades preventivas, como medida preferente, y se ofrece a las empresas un gran número de posibilidades para designar coordinador.
Para ello las empresas podrán elegir como coordinador a los responsables de producción en las plantas o a trabajadores cualificados, lo que permitirá alcanzar más seguridad para los empleados sin que aumenten los costes de las empresas.
Desarrollo reglamentario
El desarrollo
reglamentario establece la necesidad de coordinar las actividades
empresariales y los medios que deben establecerse para lograrlo.
Para ello debe buscarse el equilibrio entre la seguridad y la salud
de los trabajadores y la flexibilidad en la aplicación por las
empresas, con el objetivo de reducir la siniestralidad
laboral.
La flexibilidad en la aplicación por las empresas se lleva a
cabo mediante la oferta de una serie de posibilidades, que
permitirá la elección de medios más adecuados y
más eficientes para coordinar las actividades empresariales en
materia de prevención de riesgos laborales.
Para coordinar las actividades empresariales y prevenir los riesgos laborales se establece la obligatoriedad de controlar las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.
Información recíproca
Si en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención. Asimismo se informarán recíprocamente, antes del inicio de las actividades, sobre los riesgos que puedan afectar a los trabajadores de las demás empresas.
La información habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, y por escrito, cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. Se tendrá en cuenta también el grado de peligrosidad de las actividades que se llevan a cabo, el número de trabajadores y la duración de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.
El empresario titular del centro donde se lleven a cabo las actividades de los trabajadores de dos o más empresas deberá cumplir determinadas medidas en materia de información sobre los posibles riesgos, e instrucciones, con los otros empresarios.
Las instrucciones se realizarán antes del inicio de las actividades, y por escrito cuando los riesgos puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sean calificados como graves o muy graves.
El empresario
no titular (concurrente) deberá cumplir las instrucciones del
titular y comunicar a sus trabajadores la información e
instrucciones recibidas.
Estas medidas se aplicarán a todas las empresas y trabajadores
autónomos que desarrollen actividades en el centro de
trabajo.
Evaluación de riesgos
Antes del
inicio de la actividad el empresario principal exigirá a las
empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por
escrito que han realizado la evaluación de riesgos y que han
cumplido sus obligaciones de información y formación
sobre los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el
centro de trabajo.
Por último, la norma se refiere a los derechos de los
representantes de los trabajadores, destacando su
participación en la medida en que repercuta en la seguridad y
salud de los trabajadores a los que representan.
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