El salario mínimo crece pero nace el IPREM

 16 May 2004       Laboral y Seg. Social       Sin Comentarios

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha anunciado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá el próximo 1 de julio un 6,6 por ciento, desde los 460,5 euros al mes hasta los 490, lo que, a juicio de Jesús Caldera, permitirá a sus perceptores recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde 1997.

Sin embargo, el ministro indicó que a partir de ahora el SMI se desvinculará de todas las prestaciones públicas a las que iba ligado hasta ahora, salvo las correspondientes al sistema de protección por desempleo, y será sustituido por un indicador cuya cuantía se revisará anualmente en la Ley de Presupuestos. A partir de la entrada en vigor del incremento del SMI, el nuevo indicador, el IPREM (Indicador de Rentas Públicas con Efectos Múltiples), establecerá su cuantía en 460 euros mensuales.

Hasta ahora, el SMI se utilizaba como sistema de medida en asuntos tan dispares como la educación (becas), la vivienda (acceso a determinadas promociones públicas) o las ayudas sociales. El actual sistema, que referencia el SMI con las magnitudes que utiliza la Administración para fijar el tope de muchas prestaciones, afecta a varios ministerios y a todas las administraciones –central, autonómica, local– por lo que la desvinculación del SMI como cifra de referencia plantea problemas técnicos considerables.

En cuanto a Seguridad Social, ratificó la voluntad del Gobierno de incrementar durante la legislatura las pensiones mínimas un 26 por ciento. También propuso reducir los regímenes de la Seguridad Social a dos –los de los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena–, revisar las cotizaciones sociales para que se acerquen a los ingresos reales, incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral e impedir que las prejubilaciones de las empresas con beneficios sean cargadas a la Seguridad Social.

Además, Caldera anunció que buscará el consenso y el acuerdo de los agentes sociales, el Parlamento y las autonomías para llevar a cabo una serie de reformas en materia laboral, de negociación colectiva y de prestación social. Según dijo, el actual mercado laboral no es el adecuado para avanzar en el objetivo de competitividad previsto, por lo que defendió acabar con sus tres principales “disfuncionalidades”: la excesiva temporalidad, el bajo nivel de formación y la debilidad de las políticas de empleo y de gestión.

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