IMPAGO DE FACTURAS ENTRE EMPRESARIOS. DERECHOS
El 31 de diciembre de 2004 entraba en
vigor la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
La Ley comprende un conjunto de medidas
tendentes, de una parte, a impedir que plazos de pago excesivamente
dilatados sean utilizados para proporcionar al deudor una liquidez
adicional a expensas del acreedor, y, de otra, a disuadir los
retrasos en los pagos, erradicando las causas por las que en la
actualidad la morosidad puede resultar ventajosa
económicamente para los deudores.
¿A quien se aplica?
Esta Ley es de aplicación a todos los pagos
efectuados como contraprestación en las operaciones
comerciales realizadas entre empresas, entre empresas y la
Administración, así como las realizadas entre los
contratistas principales y sus proveedores y
subcontratistas.
Por lo tanto, quedando ceñida su
aplicación a la relación entre empresas o empresarios
(cualquier persona física o jurídica que actúe en el
ejercicio de su actividad independiente económica o
profesional), quedan fuera del ámbito de aplicación las
operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses
relacionados con otros pagos como los efectuados en virtud de la
legislación en materia de cheques y letras de cambio y los
pagos de indemnizaciones por daños. Tampoco se aplicará
en el ámbito de los pagos a los proveedores del comercio que
regula la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, donde se estará en primer lugar a lo
dispuesto por el artículo 17 de dicha Ley, aplicándose de
forma supletoria esta Ley.
¿Cual es el plazo de
pago?
En prinicipio, el plazo de pago que debe cumplir
el deudor será el que se hubiera pactado entre las partes y,
en su defecto, será el siguiente:
-
Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.
-
Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.
-
Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura antes de finalizar el período para realizar dicha aceptación, el plazo de pago que debe cumplir el deudor se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos y no podrá prolongarse más allá de los sesenta días contados desde la fecha de entrega de la mercancía.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.
La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 15 días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los 60 días desde esa fecha.
Inclusión de clausulas
abusivas
Si bien la ley recoge la libertad de las partes
para señalar el plazo de pago, contempla los efectos de la
inclusión de clausulas abusivas:
- Aquellas que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo
legal de interés de demora establecidos con carácter
subsidiario en el apartado anterior.
- Las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos
para exigir los intereses de demora.
- Cuando sean consideradas así atendiendo a todas las
circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o
servicio, la prestación por parte del deudor de garantías
adicionales y los usos habituales del comercio.
- Se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias
del caso, si dicha cláusula sirve principalmente para
proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del
acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o
subcontratistas unas condiciones de pago que no estén
justificadas por razón de las condiciones de que él mismo
sea beneficiario o por otras razones objetivas.
La nueva Ley introduce un cambio esencial en
este ámbito, como es el de desplazar a los usos del comercio
que hayan venido consagrando plazos de pago excesivamente
dilatados, los cuales se verían sustituidos por las
disposiciones de esta Ley. Cuando la Ley hace referencia a que el
juez puede considerar los usos del comercio como elemento objetivo
de valoración a la hora de determinar el posible carácter
abusivo de una cláusula contractual, toma este extremo
sólo como un dato factual y objetivo que permite comparar la
actuación de un operador con la situación del
tráfico mercantil en cada momento. Por lo tanto, no podrá
considerarse uso habitual del comercio la práctica repetida de
plazos abusivos.
Efectos de la falta de pago en
plazo
Contempla la ley tres posibles consecuencias del
incumplimiento:
1.- Deberá pagar el interés
de demora pactado en el contrato o el fijado por la Ley automáticamente
por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido,
sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte
del acreedor.
El Ministerio de Economía y Hacienda publicará
semestralmente en el Boletín Oficial del Estado el tipo de interés
resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior.
2.- Además de lo anterior, cuando el
deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor
una indemnización por los costes de cobro debidamente
acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste. En la determinación
de estos costes de cobro se aplicarán los principios de transparencia
y proporcionalidad respecto a la deuda principal. La indemnización no
podrá superar, en ningún caso, el 15 % de la cuantía de la
deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en
los que el límite de la indemnización estará constituido por
el importe de la deuda de que se trate.
3.- Cuando así se haya pactado, antes
de la entrega de los bienes puede el vendedor conservar la propiedad
de los bienes vendidos hasta el pago total del precio.
¿Qué ocurre con los contratos
preexistentes?
Esta ley será de aplicación a todos los contratos
que, incluidos en su ámbito de aplicación, hayan sido celebrados con
posterioridad al 8 de agosto de 2002, en cuanto a sus efectos futuros, incluida
la aplicación del tipo de interés de demora. No obstante, en cuanto
a la nulidad de las cláusulas pactadas abusivas, la presente Ley será
aplicable a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor
(31 de diciembre de 2004).
Los nuevos plazos de pago, introducidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, entran en vigor a partir del 07/07/2010.
Más Información:
La Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera publica el interés de demora para el primer semestre del año 2009 (9,5 %)
