Los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y los ciudadanos de la Confederación Suiza tienen derecho a la libre circulación en territorio español. No obstante, a partir del 11 de julio de 2012, se endurecen los requisitos para la residencia de estos en España durante más de tres meses.
Estos trabajadores tienen derecho a:
Mediante el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, se procedió a incorporar al ordenamiento jurídico español el contenido de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Dicho Real Decreto regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
No obstante, no incluyó en su momento la totalidad de las exigencias derivadas de la Directiva, lo cual ha ocasionado perjuicios económicos para España, en especial en cuanto a la imposibilidad de garantizar el reembolso de los gastos ocasionados por la prestación de servicios sanitarios y sociales a ciudadanos europeos, tal y como ha señalado el Tribunal de Cuentas.
Por este motivo, el día 10 de julio de 2012 se publicó la Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio (en vigor desde el día 11), en el que se incluyen las nuevas condiciones para el ejercicio del derecho a la residencia por un periodo superior a tres meses por parte de estos ciudadanos comunitarios, transponiendo, prácticamente de forma literal, el contenido de la Directiva.
En los supuestos en los que la permanencia en España de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cualquiera que sea su finalidad, tenga una duración inferior a tres meses, será suficiente la posesión de pasaporte o documento de identidad en vigor, en virtud del cual se haya efectuado la entrada en territorio español, no computándose dicha permanencia a los efectos derivados de la situación de residencia.
Lo anterior será de aplicación también para los familiares no comunitarios que estén en posesión de un pasaporte válido y en vigor, y que hayan cumplido los requisitos de entrada.
El primer requisito a cumplir por el ciudadano comunitario que pretenda residir en España durante más de tres meses es la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (modelo Ex-18). La inscripción deberá ir acompañada del pasaporte o documento nacional de identidad del solicitante, y se presentará personalmente en la Oficina de Extranjería de la provincia donde pretendan residir o en la Comisaría de Policía. El certificado se expedirá de forma inmediata, previa constatación de los requisitos correspondientes. En dicho certificado constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de identidad de extranjero y la fecha de registro.
Además, a partir del 11 de julio de 2012 deberá presentarse también la siguiente documentación, en función del supuesto en el que se encuentre el solicitante:
a) Los trabajadores por cuenta ajena deberán aportar una declaración de contratación del empleador o un certificado de empleo. Estos documentos deberán incluir, al menos, los datos relativos al nombre y dirección de la empresa, identificación fiscal y código cuenta de cotización. En todo caso, se admitirá la presentación del contrato de trabajo registrado en el correspondiente Servicio Público de Empleo o documento de alta, o situación asimilada al alta, en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, si bien no será necesaria la aportación de esta documentación si el interesado consiente la comprobación de dichos datos en los Ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Los trabajadores por cuenta propia aportarán una prueba de que trabajan por cuenta propia. En todo caso, se admitirá la inscripción en el Censo de Actividades Económicas o la justificación de su establecimiento mediante la inscripción en el Registro Mercantil o el documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, si bien no será necesaria la aportación de esta documentación si el interesado consiente la comprobación de dichos datos en los Ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.
c) Las personas que no ejerzan una actividad laboral en España deberán aportar documentación acreditativa del cumplimiento de las dos siguientes condiciones:
Se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del interesado.
d) Los estudiantes, incluidos los que cursen enseñanzas de formación profesional, deberán presentar documentación acreditativa del cumplimiento de las siguientes condiciones:
La participación en programas de la Unión Europea que favorecen intercambios educativos para estudiantes y profesores se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de estos requisitos.
Estos derechos de residencia se ampliarán a los miembros de la familia que acompañen a un ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o se reunan con él:
