Los actos de Competencia Desleal y la prohibición de concurrencia

La competencia desleal se regula en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y se aplica a los empresarios y a cualquier persona que participe en el mercado cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia.

Para que exista un acto de competencia desleal deben cumplirse dos condiciones:

  • Que el acto se realice en el mercado (es decir, que se trate de un acto con transcendencia externa)
  • Que se lleve a cabo con fines concurrenciales (es decir, que el acto tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero)

Si bien existe una cláusula general que considera desleal todo comportamiento que resulte gravemente contrario a las exigencias de la buena fe, la ley concreta como actos de competencia desleal los siguientes:

  • Actos de confusión: Consisten en actuaciones dirigidas a hacer creer al comprador que el producto ofrecido tiene un origen o composición distinto al real, origen que, por su reconocimiento o prestigio del fabricante, lo haría más apetecible para el consumidor (STS 986/2002, 17 octubre). Se crea así confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. No es necesario que las prestaciones sean absolutamente idénticas: Lo que importa es evitar al consumidor corriente, al no especializado, cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto (SAP Valencia 8 de noviembre 1993)
  • Actos de engaño: Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas.
  • Entregas de obsequios o primas con fines publicitarios y prácticas comerciales similares cuando pongan al comprador en el compromiso de contratar la prestación.
  • La oferta de cualquier clase de ventaja o prima para el caso de que se contrate la prestación principal se reputará desleal cuando induzca o pueda inducir al consumidor a error acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento, o cuando le dificulte gravemente la apreciación del valor efectivo de la oferta o su comparación con ofertas alternativas. Estas últimas circunstancias se presumirán verificadas cuando el coste efectivo de la ventaja exceda del quince por ciento del precio de la prestación principal.
  • Cuando se subordina la conclusión de un contrato a al aceptación de prestaciones suplementarias que no guardan relación con tal contrato.
  • Actos de denigración: La realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.
  • Actos de comparación: La comparación pública de la actividad, las prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero cuando aquélla se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables.
  • Actos de imitación: La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre siempre que no comporte un aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno ni exista riesgo de asociación o confusión para los consumidores. No obstante, si se considera desleal la “imitación parasitaria“, consistente en imitar sistemáticamente prestaciones de un competidor para obstaculizar su asentamiento en el mercado. Esta conducta suele ser realizada por compañías con una importante presencia en el mercado que tratan de evitar la aparición de nuevos competidores.
  • Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares.
  • Violación de secretos: Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. Además, en determinados supuestos graves, la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa puede suponer la comisión de un delito de de violación de secretos, tipificado en los art. 278 y siguientes del Código Penal.
  • Inducción a la infracción contractual: Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.
  • Violación de normas: Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. Igualmente, se considera desleal la contratación de extranjeros sin autorización para trabajar obtenida de conformidad con lo previsto en la legislación sobre extranjería.
  • Discriminación y dependencia económica: Se reputa desleal la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.
  • Venta a pérdida: La fijación de precios es libre. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento, cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos y cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.

La acciones judiciales ejecutables frente a estos actos pueden ser ejercidas por cualquier persona que sufra un perjuicio económico. Prescriben por el transcurso del plazo de 1 año desde que pudieron ejercerse y el legitimado tuviera conocimiento de la persona realizadora del acto de competencia desleal, o, en cualquier caso, por el transcurso de 3 años desde el momento de la realización del acto desleal.

No obstante, cuando se trata de actos de competencia desleal “de duración continuada” la prescripción de las acciones prevista en el art. 21 LCD 3/1991 no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita (STC del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010)

Muchos de estos actos de competencia desleal se realizan por medios publicitarios, por lo que dejamos para otro artículo los llamados actos de publicidad ilícita.

Al margen de lo señalado anteriormente, otra situación que se da con cierta frecuencia es la llamada prohibición de concurrencia que viene prevista en el artículo 21.1 del estatuto de los Trabajadores. Señala este artículo que “no podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan”.

De esta forma, se considera que hay competencia desleal o ilícita del trabajador, cuando éste, por su cuenta o por la de un tercero, se dedica a la misma actividad o a similar rama de producción, que la que está desempeñando como consecuencia de su contrato de trabajo, y ello sin el consentimiento del empresario que lo contrató. Por tanto, cuando el trabajador está en la empresa no puede legalmente, concurrir con la empresa a no ser que tenga autorización expresa del empresario para hacerlo. En caso contrario, el empresario puede instar el despido por motivos disciplinarios.

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